En América Latina y el Caribe en 2020, la pandemia de COVID -19, ha provocado la caída de la economía, que según estimaciones de la CEPAL, será responsable de la peor crisis social en la historia de la región con millones de nuevos pobres y desempleados. Los efectos de la pandemia en Venezuela vinieron a sumar mayores problemas en la economía, incrementando el desempleo, la inestabilidad económica y la falta de insumos para la producción de alimentos. La inflación de los alimentos se situó en un increíble 1,700 por ciento al final de 2020, como consecuencia de la depreciación constante del Bolívar y la dolarización espontánea y parcial de la economía, que ha generado mayor desigualdad entre los que reciben remesas en moneda extranjera, 11% de los hogares según ENCOVI 2019-2020 y la mayoría de la población que no tiene acceso a este beneficio. Esta situación se magnifica, como consecuencia de una severa y generalizada crisis de servicios públicos y la escasez de combustible, que han afectado las actividades agrícolas y el transporte de los alimentos a los centros de distribución, lo cual limita aún más, el acceso a los alimentos y además algunas áreas de la economía han resentido el efecto de las sanciones. Entre las estrategias para afrontar la crisis, se encuentran, el consumo de alimentos más baratos, saltarse comidas, servir porciones más pequeñas, gastar sus ahorros y vender los activos para comprar alimentos. Por su parte, los adultos han reducido el consumo para que los niños y adolescentes puedan comer y han diversificado tanto los trabajos como la jornada laboral. Del mismo modo, durante la pandemia las familias han priorizado la compra de alimentos frescos cercanos a su lugar de residencia, debido a las restricciones para la movilidad y el costo del transporte.

La alimentación en la encrucijada humanitaria

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